El Ministerio Público consideró que existen elementos para restringir la libertad de los dos procesados mientras avanza la investigación por el presunto entramado de corrupción relacionado con contratos por $17.656 millones.

La Procuraduría General de la Nación respaldó la solicitud de imponer una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y Sebastián Ortega, investigados dentro del proceso por presuntas irregularidades en contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

La posición fue expuesta este lunes por el delegado del Ministerio Público, José Luis Ochoa, durante la audiencia que adelanta el Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías.

La decisión sobre la medida de aseguramiento todavía está pendiente. Este martes continuará la audiencia con la intervención del abogado que representa a Sebastián Ortega.

Procuraduría considera que se cumplen los requisitos para la medida

Durante una intervención de poco más de media hora, Ochoa retomó buena parte de los argumentos que previamente habían presentado la Fiscalía y el representante del Área Metropolitana, Mayer Abushihab.

Al finalizar su exposición, el funcionario pidió al juez acoger la solicitud formulada por el representante de las víctimas y consideró que existen fundamentos legales para restringir la libertad de los dos procesados.

Entre los elementos mencionados están la gravedad de las conductas investigadas, las penas previstas para los delitos imputados y la existencia de elementos materiales probatorios, entre ellos documentos y testimonios.

La Procuraduría también señaló como factores relevantes un eventual riesgo de obstrucción a la justicia, posibles presiones sobre testigos y la posibilidad de que los procesados no comparezcan al proceso.

Según Ochoa, las medidas menos restrictivas no serían suficientes para garantizar los objetivos de la investigación.

¿De qué se les acusa a Quintero y Ortega?

La Fiscalía imputó a Miguel Quintero los delitos de presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Sebastián Ortega, por su parte, enfrenta una imputación por presunto peculado por apropiación.

Los hechos investigados están relacionados con contratos por aproximadamente $17.656 millones celebrados entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante el periodo comprendido entre 2020 y 2022.

De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, Quintero, Ortega y el entonces subdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana, Álvaro Villada, habrían participado en la apropiación de cerca de $2.481 millones, recursos que, según el ente acusador, estarían relacionados con el pago de presuntas coimas.

En el proceso también está vinculada Vanesa Álvarez, quien se desempeñaba como asesora jurídica y responde por un presunto interés indebido en la celebración de contratos.

En total, son 11 las personas involucradas en este proceso, entre ellas el exdirector del AMVA Juan David Palacio y el exgerente de los Bomberos de Itagüí Misael Cadavid.

Fiscalía y víctimas hablaron de posibles presiones a testigos

La semana anterior, la fiscal 40 especializada contra la corrupción y el representante del Área Metropolitana expusieron ante el juez las razones por las que consideran necesaria la detención preventiva de Quintero y Ortega.

Entre sus argumentos señalaron que los procesados podrían representar un riesgo para la sociedad, interferir en el desarrollo de la investigación o evadir sus obligaciones judiciales.

También hablaron de una supuesta estrategia para afectar a testigos que han entregado información sobre el caso.

Uno de los nombres mencionados fue el de Misael Cadavid, exgerente de los Bomberos de Itagüí, considerado por los investigadores como un testigo relevante dentro del proceso.

Según la Fiscalía y el representante de las víctimas, se habrían producido visitas de abogados a Cadavid mientras permanecía en prisión y presiones dirigidas a personas de su entorno familiar.

La hipótesis de los acusadores es que, al no conseguir que el testigo dejara de colaborar con la investigación, se habría intentado cuestionar su estado mental y su comportamiento para restar credibilidad a sus declaraciones.

Las autoridades han relacionado esta investigación con un supuesto esquema de contratación que, según la Fiscalía, habría tenido influencia en diferentes entidades durante la administración de Daniel Quintero. Entre ellas fueron mencionadas Metroparques, el Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

La defensa de Miguel Quintero cuestionó los argumentos

Después de la intervención de la Procuraduría comenzó la exposición del abogado Santiago Trespalacios, defensor de Miguel Quintero.

El penalista inició reconociendo el trabajo adelantado por la Fiscalía en las investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero.

Incluso anunció que, en esta etapa del proceso, no concentraría su defensa en controvertir la denominada “inferencia razonable” sobre la posible participación de su cliente en el delito imputado, uno de los elementos que debe analizarse para imponer una medida de aseguramiento.

Su estrategia se enfocó principalmente en cuestionar otros tres aspectos: la posibilidad de que la conducta investigada continúe, un eventual riesgo de obstrucción a la justicia y la posibilidad de que Quintero no comparezca al proceso.

Defensa niega que Quintero conserve capacidad de influencia

Uno de los argumentos centrales de Trespalacios fue que su cliente ya no tendría el supuesto poder de influencia que la Fiscalía le atribuye.

El abogado sostuvo que actualmente tanto las administraciones locales y nacionales como el AMVA están bajo el control de sectores políticos diferentes a los de Miguel Quintero y su hermano.

Por esa razón, afirmó que la capacidad de Quintero para ejercer algún tipo de presión institucional sería prácticamente inexistente.

La defensa también rechazó que las visitas de abogados a Cadavid, las supuestas presiones sobre familiares del testigo o determinadas publicaciones en medios y redes sociales hagan parte de una estrategia organizada por su representado.

Trespalacios aseguró que no existe ninguna declaración pública de Miguel Quintero que permita relacionarlo directamente con esas actuaciones.

También negó riesgo de fuga

Otro de los puntos cuestionados por la defensa fue la posibilidad de que Quintero no comparezca ante la justicia.

El abogado sostuvo que su cliente lleva aproximadamente un año sin salir del país, periodo que coincide con el momento en que se conoció públicamente que estaba siendo investigado.

Para la defensa, este comportamiento sería incompatible con la hipótesis de que pretenda evadir el proceso judicial.

También negó que Miguel Quintero tenga relación con las supuestas consultas irregulares del expediente realizadas por dos funcionarios judiciales.

Defensa pide excluir algunas pruebas

La defensa planteó además una discusión relacionada con la forma en que fueron obtenidos algunos elementos utilizados por la Fiscalía para sustentar la solicitud de encarcelamiento.

Trespalacios pidió que sean excluidas determinadas pruebas obtenidas desde noviembre del año pasado, entre ellas las minutas relacionadas con visitas a la cárcel y algunos informes migratorios.

Su argumento es que la defensa no fue convocada a las audiencias de control posterior en las que esos elementos fueron sometidos a validación judicial.

Según el abogado, esa circunstancia habría afectado el derecho de Miguel Quintero a ejercer plenamente su defensa.

La decisión queda en manos del juez

Con la intervención de la Procuraduría y la defensa de Miguel Quintero, el juez continúa escuchando los argumentos de las partes antes de determinar si impone o no una medida de aseguramiento.

Este martes será el turno del defensor de Sebastián Ortega, quien presentará sus argumentos frente a la solicitud de enviarlo a prisión.

El caso hace parte de una investigación de mayor alcance en la que están involucradas 11 personas y que busca determinar si existió un esquema de corrupción alrededor de la contratación realizada entre el AMVA y los Bomberos Voluntarios de Itagüí.